JAD propone que Inabie y Comedores Económicos compren el 100 % de sus alimentos al agro dominicano
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Santo Domingo.– El presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Eric Rivero, propuso que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y los Comedores Económicos del Estado adquieran el 100 % de los insumos alimentarios que demandan al sector agropecuario dominicano, como una estrategia para utilizar las compras públicas como motor de producción y desarrollo rural.
La propuesta fue presentada durante el Desayuno Agropecuario de la JAD, donde Rivero planteó que el volumen y la regularidad de las adquisiciones realizadas por estas instituciones representan una oportunidad para crear un mercado estable para agricultores, ganaderos, agroindustriales y otros actores de la cadena alimentaria.
Según el planteamiento, una mayor conexión entre la demanda de alimentos de los programas estatales y la producción nacional permitiría que una proporción más elevada de los recursos destinados a la alimentación pública permanezca dentro de la economía dominicana.
Rivero considera que las compras públicas pueden desempeñar un papel que trascienda la simple adquisición de productos y convertirse en un instrumento de política económica para estimular sectores productivos considerados estratégicos.
En el caso del Inabie, la magnitud de sus programas de alimentación escolar genera una demanda permanente de alimentos destinados a las raciones que reciben los estudiantes del sistema educativo público.
Los Comedores Económicos, por su parte, mantienen una demanda constante para la elaboración de alimentos destinados a sus distintos programas sociales.
La propuesta de la JAD busca que esa demanda institucional tenga como principal fuente de abastecimiento a productores dominicanos, siempre que estos puedan responder a los requerimientos de volumen, calidad, inocuidad y continuidad establecidos por las instituciones.
El planteamiento apunta a ampliar la participación de los productores nacionales en las compras estatales y generar un mercado más predecible para el sector agropecuario.
Una demanda institucional estable podría beneficiar directamente a productores de alimentos y, al mismo tiempo, generar actividad en otros eslabones de la cadena, como transporte, almacenamiento, procesamiento, distribución y comercialización.
La JAD considera que este mecanismo podría contribuir también a fortalecer los ingresos de las familias rurales y sostener empleos vinculados con las actividades agrícolas y pecuarias.
La iniciativa coloca especial atención en la necesidad de que el productor tenga acceso a mercados estables, uno de los retos recurrentes del sector agropecuario.
Otro de los argumentos asociados a la propuesta es la posibilidad de incrementar la participación de la producción nacional en el abastecimiento del mercado interno y reducir, cuando las condiciones lo permitan, la dependencia de productos importados.
Para alcanzar una política de compras basada en la producción local, sin embargo, sería necesario que el sector agropecuario pueda garantizar el suministro requerido por las instituciones públicas durante todo el año.
Esto supone mejorar la planificación de las cosechas, la coordinación entre productores y compradores institucionales, la capacidad de almacenamiento y los mecanismos de distribución, entre otros aspectos.
No todos los productos pueden ser abastecidos en las mismas condiciones ni tienen los mismos ciclos de producción, por lo que una política de compras nacionales requeriría coordinación entre la demanda estatal y la oferta disponible.
La JAD plantea que la conexión entre productores y grandes compradores institucionales debe realizarse mediante una planificación que permita anticipar las necesidades de alimentos.
La coordinación de las compras con los ciclos agrícolas podría ayudar a los productores a conocer con mayor precisión qué productos serán demandados, en qué cantidades y durante qué períodos.
Este esquema podría contribuir además a reducir el riesgo de pérdidas de cosechas por falta de mercado y facilitar decisiones de inversión y expansión de la producción.
Para el sector agropecuario, contar con compradores de gran escala y demanda recurrente puede representar una oportunidad para mejorar la planificación y aumentar la capacidad productiva.
El efecto económico de una mayor participación de productores nacionales en las compras públicas no se limitaría a quienes cultivan o crían animales.
Un incremento sostenido de la producción para atender la demanda institucional podría generar actividad en empresas dedicadas al procesamiento de alimentos, transporte, almacenamiento, empaque y distribución.
De esta manera, el gasto destinado a la alimentación escolar y a los programas sociales podría tener un efecto multiplicador sobre distintas actividades de la economía rural.
La propuesta de la JAD parte precisamente de esta visión: utilizar la capacidad de compra del Estado para crear oportunidades adicionales para el aparato productivo dominicano.
El planteamiento también enfrenta desafíos. Para que las instituciones públicas puedan abastecerse mayoritariamente de productos nacionales, los proveedores locales deben cumplir con las condiciones requeridas en materia de calidad, inocuidad, volumen, precios y continuidad.
La producción agropecuaria, además, está condicionada por factores climáticos, ciclos de cosecha, disponibilidad de insumos y capacidad logística.
Por ello, una eventual política de abastecimiento nacional tendría que estar acompañada de mecanismos que permitan organizar la oferta y anticipar posibles déficits de determinados productos.
La coordinación entre las instituciones compradoras, las organizaciones de productores y las autoridades del sector agropecuario sería fundamental para evitar que una falta temporal de oferta afecte los programas de alimentación.
La propuesta de Eric Rivero coloca nuevamente sobre la mesa el debate sobre el papel de las compras públicas en el desarrollo de la producción nacional.
Bajo este enfoque, los recursos que el Estado destina a adquirir alimentos no serían vistos únicamente como un gasto necesario para ejecutar programas sociales, sino también como una herramienta capaz de generar demanda para la producción dominicana.
La apuesta de la JAD es que Inabie y los Comedores Económicos puedan convertirse en grandes compradores del agro nacional, creando un vínculo más directo entre los productores y los programas públicos de alimentación.
El objetivo final sería que una mayor parte del dinero destinado por el Estado a la compra de alimentos circule dentro de la economía dominicana, fortaleciendo al campo, generando empleos y ampliando las oportunidades para productores y empresas vinculadas a la cadena agroalimentaria.
La propuesta abre así una discusión sobre cómo utilizar el poder de compra del Estado para impulsar la producción local, sin descuidar los criterios de eficiencia, calidad y continuidad que requieren los programas de alimentación pública.
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