SANTO DOMINGO. Representantes de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche), la Dirección General de Ganadería (DIGEGA), el Consejo Nacional para la Producción y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche), la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro), la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República han acordado colaborar para fortalecer los mecanismos de prevención y persecución del cuatrerismo en el país.
El compromiso fue establecido durante un encuentro en el que participaron también senadores, diputados y representantes de las principales federaciones ganaderas regionales.
Erick Rivero, asesor del poder ejecutivo y presidente de Aproleche, destacó que la reciente promulgación de la ley que castiga el “abigeato” representa un avance significativo para los productores nacionales. Sin embargo, subrayó la necesidad de que la Policía y el Ministerio Público de todas las comunidades conozcan y apliquen la ley con el máximo rigor.
“Hay fiscales que aún no conocen la ley. Así que vamos a hacer un trabajo con todos los sectores que no están familiarizados con la normativa para asegurar su uso efectivo. Esto beneficia a toda la República Dominicana”, afirmó Rivero.
Añadió que el robo de ganado tiene un impacto negativo no solo en los productores y empleados de finca, sino también en el público consumidor de productos derivados de la ganadería.
En el evento, el director de Prevención de la Policía Nacional, general Ernesto Rodríguez, y el magistrado Héctor García, representante de la procuradora Jenny Berenice Reynoso, se comprometieron a asegurar la integración plena de sus instituciones a las necesidades del sector ganadero.
El director de Ganadería, Abel Madera Espinal; el presidente de Confenagro, Wilfredo Cabrera; el directivo ejecutivo de Conaleche, Miguel Laureano, y representantes de las federaciones ganaderas también participaron en la actividad.
Por el Poder Legislativo, los diputados Jorge Hugo Cavoli Balbuena (autor de la ley que castiga el robo de ganado), el senador de El Seibo Santiago Zorrilla y la diputada Carmen Aurelia de la Rosa Pérez formaron parte de la iniciativa.
La ley que penaliza el abigeato fue promulgada a finales de 2023. En su artículo seis, establece que el abigeato agravado puede ser sancionado con penas de prisión de cuatro a 10 años y multas de 10 a 20 salarios mínimos del sector público.
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