República Dominicana y EE.UU. chocan por el arroz mientras redefinen su relación comercial
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Washington presiona por el fin de las restricciones al arroz estadounidense, mientras Santo Domingo defiende medidas destinadas a proteger la producción local
SANTO DOMINGO,RD. El arroz se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción comercial entre República Dominicana y Estados Unidos, en momentos en que ambos países buscan ampliar su relación económica y avanzar hacia un nuevo acuerdo comercial.
En el centro de la disputa está el Decreto 693-24, emitido por el Gobierno dominicano en diciembre de 2024, que estableció un tratamiento arancelario especial para el arroz importado y mantuvo un contingente de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense con arancel cero. Fuera de ese volumen, el decreto fijó un arancel de 99%.
La medida fue adoptada bajo el argumento de proteger un producto considerado estratégico para la seguridad y soberanía alimentaria del país. Sin embargo, Washington sostiene que las restricciones contradicen los compromisos de acceso al mercado asumidos por República Dominicana bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA).
La controversia volvió a ganar fuerza esta semana, después de que funcionarios estadounidenses señalaran la importancia de que el presidente Luis Abinader revoque el decreto como parte del cumplimiento de los compromisos de acceso para el arroz estadounidense.
El exadministrador del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster, cuestionó el Decreto 693-24 y sostuvo que el Gobierno dominicano “no tiene de otra” que derogarlo, al considerar que la medida genera un conflicto con los compromisos comerciales asumidos por el país bajo el DR-CAFTA.
Segura Foster cuestiona que el país haya recurrido a una medida arancelaria para proteger al arroz nacional cuando, a su juicio, el proceso de desgravación contemplado en el DR-CAFTA ya había definido las condiciones de apertura para este producto.
Su crítica coloca el debate en una dimensión más amplia: si la protección del arroz puede mantenerse sin generar un conflicto con las obligaciones comerciales asumidas por República Dominicana frente a Estados Unidos.
El exfuncionario también considera que la decisión tiene implicaciones para la credibilidad de la política comercial dominicana, especialmente cuando el país procura fortalecer sus relaciones económicas con Washington.
El elemento más sensible del decreto es el tratamiento aplicado al arroz que ingresa fuera del contingente estadounidense.
Mientras las primeras 23,300 toneladas métricas pueden entrar con arancel cero, las cantidades adicionales quedan sujetas a una tasa de 99%. Ese diferencial modifica sustancialmente las condiciones de competencia entre el arroz estadounidense y el producido localmente.
Para los defensores de la medida, la protección permite preservar los incentivos para mantener la producción nacional y evitar una dependencia excesiva de las importaciones.
Para sus críticos, en cambio, el arancel representa una barrera comercial que entra en tensión con el proceso de apertura previsto en el acuerdo bilateral.
Segura Foster sostiene que República Dominicana debe asumir las consecuencias de los compromisos comerciales que ya fueron pactados y considera que la permanencia del decreto puede terminar agravando el conflicto con Estados Unidos.
La discusión, sin embargo, no se reduce a eliminar o mantener un arancel.
Una liberalización inmediata del mercado podría beneficiar a importadores y consumidores mediante una mayor disponibilidad de arroz extranjero, pero también podría incrementar la presión sobre los productores dominicanos.
Ese es precisamente el argumento utilizado para justificar la protección del sector: el arroz es considerado un producto estratégico para la seguridad alimentaria y su producción doméstica constituye una de las principales fuentes de abastecimiento del mercado nacional.
El desafío consiste en determinar hasta dónde puede llegar la protección de una producción considerada estratégica sin entrar en contradicción con las obligaciones internacionales del país.
El conflicto adquiere mayor importancia porque coincide con las conversaciones entre Washington y Santo Domingo sobre una posible nueva etapa de la relación comercial.
Estados Unidos ha vinculado el tratamiento del arroz con el cumplimiento de los compromisos de acceso al mercado establecidos en el DR-CAFTA. Para República Dominicana, en cambio, el sector arrocero forma parte de una política de seguridad alimentaria que el Gobierno ha defendido como estratégica.
El resultado será relevante no solo para los productores de arroz, sino también para la política comercial dominicana.
La eventual derogación o modificación del Decreto 693-24 tendría que equilibrar tres objetivos: preservar la producción nacional, garantizar condiciones competitivas para los consumidores y cumplir los compromisos internacionales asumidos por el país.
En ese escenario, la advertencia de Segura Foster agrega presión al debate: mientras Washington reclama un mayor acceso para su arroz, sectores dominicanos cuestionan que la protección establecida por el decreto pueda mantenerse sin generar costos comerciales y diplomáticos.
El arroz, que durante años fue tratado principalmente como un asunto de producción y abastecimiento interno, se ha convertido ahora en una prueba de hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno dominicano para conciliar seguridad alimentaria, apertura comercial y su relación económica con Estados Unidos.
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