Propietarios de Costasur mostraron su desacuerdo con la intimación realizada por la empresa que regula este condominio y la Superintendencia de Electricidad, que busca obligarlos  a remover los paneles  solares de los techos de sus casas.

Los ciudadanos explicaron que Costasur informó a través del documento que de no ser removidos los paneles se les cobrará 2,000 pesos por kw de potencia de la demanda máxima que haya tenido la propiedad.

Los propietarios dijeron estar sorprendidos de la decisión de la empresa de eliminar los paneles, debido a que la energía solar es mas amigable con el medio ambiente.

Además, aseguraron sentirse atropellados por la forma en la cual la empresa presentó su demanda. “Tal actuación no tiene ningún asidero jurídico de conformidad con las leyes y Reglamentos vigentes, y mucho menos por tratarse de energías renovables que aportan al medio ambiente de un centro turístico como Casa de Campo”, explicaron los residentes en este residencial a través de una nota de prensa.

Los usuarios detallaron que Costasur  ha estado aplicando a estos propietarios una tarifa de 7.4 pesos el kwh para la compra de energía sobrante de energía solar, mientras que ha estado cobrando 16 pesos por la energía que vende a estos usuarios.

De su lado, los propietarios de este complejo habitacional solicitaron a través de acto de alguacil que  les sean pagados los montos de energía sobrante vendida por los paneles solares con carácter retroactivo.

De igual forma, estos pidieron a la Superintendencia de Electricidad  que conecte a Costasur al Sistema Nacional Interconectado, con la finalidad de que los usuarios en Casa de Campo puedan tener acceso a energía mucho más barata.

Además, solicitaron al Superintendente de Electricidad que regule las tarifas de los sistemas aislados del país, como es Casa de Campo, tal como manda la Ley y Reglamentos, en virtud de que no es normal que terminado el año 2023.

En caso de Costasur no atender sus reclamos, los propietarios de Casa de Campo afirmaron que agotaran todos los procedimientos legales que están a su alcance para la defensa de sus derechos ante las autoridades dominicanas.